La Organización de Estados Americanos (OEA) intensificó su condena al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, acusándolo de implementar prácticas de “terrorismo de Estado” y operar un sistema de corrupción a gran escala, según un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento, discutido en una sesión del Consejo Permanente, detalla las violaciones sistemáticas de derechos humanos y la ilegitimidad del gobierno chavista tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, marcadas por denuncias de fraude.
El informe de la CIDH, respaldado por países como Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Uruguay, señala que Maduro ha consolidado su poder mediante una estrategia represiva coordinada para silenciar a la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. “El régimen ejecutó prácticas de terrorismo de Estado para impedir la participación política, obstaculizar elecciones libres y sembrar terror en la ciudadanía”, afirma el dossier, que documenta al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias y torturas tras los comicios. La opacidad del Consejo Nacional Electoral (CNE), que no publicó resultados desglosados, refuerza la falta de legitimidad democrática de Maduro.
Además, la CIDH destaca un esquema de “corrupción a gran escala” que garantiza la impunidad de las fuerzas de seguridad y enriquece a la élite chavista, mientras el país enfrenta una crisis humanitaria. La cooptación de instituciones, como el Tribunal Supremo y el CNE, ha permitido que al régimen se perpetúen sin controles, afectando gravemente los derechos fundamentales de los venezolanos. El informe también menciona el asedio a opositores refugiados en la embajada argentina en Caracas y la desaparición del gendarme argentino Nahuel Gallo, casos que han generado tensiones diplomáticas.
Durante la sesión, el embajador uruguayo Washington Abdala calificó a Maduro de “dictador” y urgió a la OEA a actuar con firmeza, mientras el secretario general Luis Almagro pidió solidaridad regional frente a la persecución de activistas y la censura. Sin embargo, países como Brasil, Colombia y México mostraron posturas más cautelosas, evidenciando divisiones geopolíticas. La CIDH llamó a la comunidad internacional a activar canales diplomáticos para restaurar la democracia en Venezuela y prevenir nuevas escaladas represivas.
La sesión de la OEA refleja un creciente aislamiento de Maduro, enfrentando sanciones de Estados Unidos y críticas de aliados tradicionales. Mientras Caracas se prepara para el tercer mandato de Maduro, iniciado el 10 de enero de 2025, la presión internacional se intensifica, con demandas de transparencia electoral y el cese de la represión.
Fuente: Infobae
