Durante la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada este viernes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, reconoció la reciente excarcelación de ciudadanos detenidos arbitrariamente, pero enfatizó la necesidad de liberar a quienes aún permanecen bajo custodia. Türk subrayó que el actual estado de emergencia en el país debe ser revisado exhaustivamente para asegurar que no se vulneren los derechos fundamentales de la sociedad civil. Según el alto comisionado, es imperativo que los grupos de víctimas tengan una participación significativa y real en los procesos que afectan el entorno público nacional.
La petición surge tras la aprobación de una Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional, la cual, aunque fue concebida inicialmente para cubrir casos desde 1999, se aplica de forma restrictiva a 13 eventos específicos ocurridos en años distintos. Esta limitación legal excluye una gran parte del período establecido y deja fuera los casos relacionados con operaciones militares, lo que ha generado críticas sobre el alcance real de la medida. A pesar de que en la última semana se registraron 217 excarcelaciones, registros independientes señalan que todavía existen más de 500 presos políticos en los centros de detención del país.
Esta situación mantiene a decenas de familiares en las afueras de las prisiones a la espera de nuevos anuncios oficiales que permitan el retorno de sus allegados a sus hogares. Mientras tanto, los organismos internacionales insisten en que la liberación de los detenidos restantes es un paso fundamental para la restitución de las garantías democráticas. Las organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando el proceso, advirtiendo que la persistencia de detenciones selectivas contradice el espíritu de apertura que el Gobierno intenta proyectar con las recientes liberaciones parciales.
