La pensión alimenticia constituye una contribución económica obligatoria que busca cubrir necesidades integrales que van más allá de la alimentación, incluyendo salud, educación, vivienda, vestuario y recreación. Según la normativa vigente, este derecho es irrenunciable e intransferible, y ampara a menores de 18 años, jóvenes de hasta 21 años que demuestren estar estudiando y personas con discapacidad sin límite de edad. Los padres son los responsables principales de este pago, incluso si han perdido la patria potestad; en casos de ausencia o impedimento comprobado del obligado, la ley faculta a los jueces para ordenar que familiares cercanos, como abuelos o hermanos, asuman esta responsabilidad financiera.
Con la actual remuneración básica unificada de 482 dólares, las pensiones fijadas por el Consejo de la Judicatura oscilan entre los 135,54 y los 1.957,31 dólares, dependiendo de los ingresos del alimentante y el número de hijos. El sistema legal ecuatoriano utiliza una tabla técnica para determinar estos montos, asegurando que la distribución de recursos sea equitativa y proporcional a la capacidad económica del progenitor. Además de los beneficios para la niñez, la legislación nacional extiende este tipo de protecciones a mujeres embarazadas y adultos mayores, permitiendo que la consulta de los pagos y saldos se realice de forma digital a través del portal oficial de la Judicatura.
