La crisis de violencia en Ecuador sigue en ascenso y, con ella, el impacto sobre los menores de edad. Entre enero y el 29 de agosto de 2025 se registraron 5.833 asesinatos a escala nacional, con mayor incidencia en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y El Oro, según cifras oficiales.
Un dato alarmante es el incremento de muertes violentas en niños y adolescentes. En lo que va del año, 371 menores han sido asesinados, un número mayor a los 247 reportados en 2024. De esa cifra, 346 corresponden a adolescentes de entre 12 y 17 años y 25 a niños de entre 0 y 12 años.
Las autoridades y analistas advierten que esta realidad responde, en gran medida, al reclutamiento forzado y la manipulación de menores por parte de bandas delictivas, quienes los utilizan como sicarios, para robos, microtráfico y otras actividades criminales. El problema se agrava porque la legislación ecuatoriana establece sanciones menos severas para los menores de edad en comparación con los adultos, lo que incentiva a las organizaciones a incorporarlos en sus filas.
Este escenario refleja una de las caras más crudas de la inseguridad: niños y adolescentes que, lejos de estar protegidos, se convierten en víctimas y, en muchos casos, en herramientas de las estructuras criminales que operan en el país.
