La Policía Nacional ejecutó el Operativo Presidiario este 20 de marzo, desarticulando una red de lavado de activos que utilizó el sistema financiero para movilizar USD 1 700 millones desde Guayas, Pichincha y Los Ríos. El ministro del Interior, John Reimberg, calificó la intervención como el golpe más contundente a las economías criminales tras el caso Comandos de la Frontera. Entre los once detenidos figura un mayor de la Policía en servicio activo, evidenciando la infiltración de la estructura en las instituciones de seguridad. La investigación señala como cabecilla a Richard Villagrán, propietario de la empresa Lafattoria, la cual mantuvo contratos de alimentación en el sistema penitenciario hasta junio de 2024. Las autoridades iniciarán los trámites legales para requerir la presencia del ciudadano estadounidense ante la justicia ecuatoriana por estos cargos.
El trazado financiero, respaldado por informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, reveló nexos directos entre Lafattoria y compañías pertenecientes al entorno familiar de los cabecillas alias Fito y alias Junior. Según el reporte oficial, se detectaron depósitos constantes en efectivo realizados por personas privadas de la libertad hacia las cuentas de la proveedora de alimentos y sus empleados. Solo la firma Lafattoria registró movimientos superiores a los USD 1 472 millones, vinculándose además con Queen Water, empresa de la esposa de Adolfo Macías. Actualmente, cinco de los sospechosos permanecen en el Cuartel Modelo de Guayaquil mientras se completa el traslado del resto de implicados. El operativo marca un hito en la persecución de los activos ilícitos que sostienen la logística de los grupos de delincuencia organizada en el país.
