El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el socialcristiano Otto Vera, presentó el pasado martes 6 de abril un proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado, que asigna USD 1 por barril de petróleo industrializado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. La iniciativa, vetada por el presidente Daniel Noboa el 25 de abril de 2025 tras su aprobación el 28 de marzo, busca compensar a estas provincias por los impactos ambientales y sociales de la actividad petrolera. La distribución propuesta destina 50% a GAD municipales, 40% a GAD provinciales y 10% a GAD parroquiales, priorizando obras de agua, alcantarillado, manejo de desechos, vialidad y gestión ambiental.
El proyecto de Vera tuvo el apoyo de otros dos legisladores: el también socialcristiano Jaminton Intriago, representante de Manabí; y el correísta Roberto Cuero, de Guayas.
El veto de Noboa, basado en la supuesta afectación al Presupuesto General del Estado y una interpretación de inconstitucionalidad, generó críticas de los proponentes. Cabezas destacó que los USD 50 millones anuales que generaría la ley son insignificantes frente a los USD 500 millones entregados en bonos durante la campaña electoral, mientras Lara y Córdova calificaron la decisión de injusta, argumentando que estas provincias sufren contaminación, enfermedades y abandono. Expertos sugieren que el Ejecutivo debió optar por un veto parcial para ajustar el proyecto, en lugar de bloquearlo totalmente.
La reintroducción del proyecto ocurre en un contexto de tensiones políticas, con una nueva Asamblea que asumirá el 14 de mayo de 2025. Los legisladores esperan que el próximo periodo legislativo retome la iniciativa para “hacer justicia” a las provincias afectadas por derrames petroleros y desastres naturales, como el reciente terremoto en Esmeraldas. La ley prohíbe usar los recursos en gasto corriente, asegurando su inversión en desarrollo local. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que los GAD ya reciben ingresos petroleros bajo el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), lo que podría complicar su aprobación.
