La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025 con 84 votos de la bancada oficialista ADN y aliados, eliminó el artículo 89 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), que garantizaba estabilidad laboral a funcionarios de carrera, generando controversia. La norma, publicada el 26 de junio, introduce evaluaciones semestrales obligatorias para servidores públicos, basadas en eficiencia y resultados, con destituciones por bajo desempeño tras sumarios administrativos.
El oficialismo defiende la reforma, argumentando que clarifica los procesos de desvinculación por sumarios administrativos, eliminando ambigüedades del artículo derogado. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores rechazan los cambios, alegando que afectan derechos adquiridos y facilitan despidos arbitrarios, especialmente para quienes planificaban jubilarse a los 60 años, ahora retrasado a 65.
La ley, impulsada por Daniel Noboa, también endurece sanciones por prevaricato y reforma el Sistema Nacional de Contratación Pública. Opositores como la Revolución Ciudadana critican la falta de debate y posibles inconstitucionalidades, mientras el gobierno destaca su lucha contra la corrupción. La norma espera sanción o veto presidencial, con demandas de inconstitucionalidad en curso.
