La Asamblea Nacional aprobó el 7 de junio de 2025, con 84 votos, la Ley de Solidaridad Nacional, que incluye el “indulto con efecto diferido” para policías y militares procesados por acciones contra el crimen organizado durante el conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa. Esta figura, detallada en el artículo 14, permite al presidente indultar con efecto procesal, suspendiendo la prisión preventiva hasta que haya sentencia, cuando se cumplan condiciones como actuaciones en cumplimiento del deber, enfermedades graves o colaboración con la justicia. No aplica a delitos como tortura, genocidio o desaparición forzada. La ley, publicada el 10 de junio en el Registro Oficial, busca dar garantías a las fuerzas del orden, pero críticos advierten riesgos de inconstitucionalidad y abusos, con la Fiscalía reportando denuncias por ejecuciones extrajudiciales y torturas desde 2024.
El presidente Noboa, quien desde marzo de 2025 anunció indultos para uniformados en Nueva Prosperina tras una masacre de 22 personas, defendió la medida para que policías y militares actúen “sin temor a represalias”. El caso del suboficial Paco Nicolás Morales, indultado en abril por neutralizar un asalto en Quito, ejemplifica la aplicación. La ley también permite donaciones a las fuerzas del orden, con incentivos tributarios, y establece parámetros para el consumo personal de drogas, coordinados por el Ministerio de Salud y la Fiscalía. Valentina Centeno, de ADN, destacó la depuración semestral de las fuerzas de seguridad para garantizar legitimidad, mientras la Revolución Ciudadana, con 46 votos en contra, criticó la falta de gestión y transparencia del gobierno.
La normativa, tramitada como urgente, responde a la crisis de violencia en Ecuador, con 53 homicidios por cada 100.000 habitantes proyectados para 2025. Incluye medidas preventivas, como programas sociales para evitar el reclutamiento de menores por bandas y controles patrimoniales a uniformados. Sin embargo, Pachakutik y analistas como Juanita Goebertus cuestionan la discrecionalidad del Ejecutivo y la posibilidad de allanamientos sin orden judicial, que podrían evadir salvaguardas constitucionales. La ley, ya sancionada por Noboa, fortalece el combate al crimen organizado, pero genera debate sobre derechos humanos y el equilibrio democrático en un contexto de estado de excepción vigente.
