La Asamblea Nacional aprobó el 26 de agosto de 2025 la Ley de Transparencia Social con 78 votos, obligando a las organizaciones sin fines de lucro a registrarse en el Sistema Unificado de Información (Suios) en 180 días. El incumplimiento conllevará suspensión temporal y, en caso de reincidencia, revocatoria de personería jurídica. La normativa, pendiente de veto o sanción presidencial, establece la creación de una plataforma digital pública, gestionada por el Ministerio de Gobierno, para consolidar información jurídica, financiera y operativa.
Las organizaciones deberán implementar sistemas de integridad institucional en seis meses tras el reglamento, publicando estatutos, estados financieros auditados, fuentes de financiamiento y políticas de integridad, según su nivel de riesgo. Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, indicó que su organización ya cumple con estas exigencias, mientras Tarsicio Granizo, de WWF, señaló que las ONG internacionales están acostumbradas a reportes periódicos, pero las pequeñas podrían enfrentar dificultades.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervisará y clasificará a las ONG según riesgo (bajo, medio, alto). El presidente Daniel Noboa tiene 30 días para vetar o sancionar la ley. Organizaciones como WWF destacan que ya cumplen con estándares internacionales, pero advierten que las ONG pequeñas necesitarán apoyo para adaptarse a las nuevas disposiciones.
