La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Argentina generó reacciones de rechazo entre líderes latinoamericanos, quienes la consideran víctima de persecución política. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado por corrupción y asilado en Bélgica, expresó su solidaridad, calificando el fallo como un episodio de “lawfare” y llamó a derrotar a los opositores en las urnas, no mediante procesos judiciales. Otros líderes, como Evo Morales y Miguel Díaz-Canel, también repudiaron la sentencia, alegando que busca proscribir a Fernández del ámbito político.
El presidente boliviano Luis Arce mostró su respaldo, destacando que la justicia se usa para debilitar a la izquierda y al campo popular en la región. Desde Cuba, Díaz-Canel señaló que Fernández enfrenta una judicialización con motivaciones políticas, mientras que el Grupo de Puebla y Baltasar Garzón denunciaron la falta de pruebas y violaciones al debido proceso en el caso Vialidad, promovido durante el gobierno de Mauricio Macri. En contraste, el presidente argentino Javier Milei celebró el fallo como un triunfo de la justicia, afirmando que expone a medios y políticos cómplices de corrupción.
En Argentina, el fallo generó división: mientras sectores oficialistas lo ven como un paso hacia la transparencia, los aliados de Fernández, incluyendo a Dilma Rousseff y Andrés Manuel López Obrador, lo consideran una venganza política para neutralizar a líderes progresistas. Correa, quien se reunió con Fernández en el pasado y comparte la narrativa del lawfare, insistió en que estas condenas buscan frenar proyectos soberanos en América Latina. La sentencia, ratificada el 10 de junio de 2025, intensifica el debate sobre el uso de la justicia como herramienta política en la región.
