El caso Liga2, que investiga una presunta red de asociación ilícita en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana (RC), quien acusó a Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, de “deslealtad” y “maquiavelismo” por grabar conversaciones internas de la organización política. En una entrevista en el programa Primera Plana, González calificó las acciones de Verduga como una “falta absoluta de principios” y señaló que las grabaciones, filtradas como parte de la investigación de la Fiscalía General del Estado, forman parte de una estrategia para desprestigiar al correísmo tras su derrota en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 13 de abril de 2025, en las que Daniel Noboa fue reelecto.
La Fiscalía, que ha denominado este caso como Liga2 o “Ligados”, procesa a Verduga junto a los exconsejeros Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la actual consejera Nicole Bonifaz por el delito de asociación ilícita, basado en conversaciones extraídas de dos celulares incautados a Verduga el 24 de enero de 2025. Estas evidencias, que incluyen chats y audios periciados, sugieren la existencia de una red que buscaba influir en la designación de autoridades clave, como el superintendente de Bancos, y manipular procesos institucionales para beneficiar al correísmo. Entre los hallazgos, se menciona una conversación en la que Verduga discute con Ana Belén Yela, asambleísta de RC, estrategias políticas, lo que ha intensificado las críticas hacia el movimiento liderado por Rafael Correa.
González, en su intervención, también insistió en la teoría de un supuesto fraude electoral en el balotaje, afirmando que hubo irregularidades en el conteo de votos que favorecieron a Noboa. Sin embargo, tanto la Unión Europea como la Organización de Estados Americanos (OEA) descartaron la posibilidad de fraude, destacando que las elecciones fueron transparentes, con mínimas anomalías en el escrutinio. Estas declaraciones de González han generado controversia, especialmente porque el caso Liga2 ha puesto en evidencia tensiones internas dentro de RC, con Verduga emergiendo como una figura central en el escándalo. En un mensaje publicado en su cuenta de X el 19 de marzo de 2025, Verduga defendió su actuar, asegurando que su único “delito” fue “desafiar al poder de la banca privada” y denunciando una persecución política contra él y sus coidearios.
El caso comenzó a tomar forma tras una denuncia presentada por Roberto Romero von Buchwald, designado superintendente de Bancos en diciembre de 2024, contra Verduga, Saltos, Franco Loor y Bonifaz, quienes intentaron ratificar a Raúl González en el mismo cargo, a pesar de una sentencia de la Corte Constitucional que invalidaba su designación previa. La Fiscalía sostiene que los procesados, conocidos como la “Liga Azul” por su afinidad con RC, operaban una estructura para controlar instituciones del Estado mediante tráfico de influencias y estrategias políticas coordinadas. Los chats revelan discusiones sobre tácticas para retrasar procesos en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), influir en la Asamblea Nacional y garantizar la designación de figuras afines al correísmo en cargos clave.
Un punto álgido del caso es el viaje de Verduga a Venezuela en junio de 2024, donde se reunió con militantes correístas, incluyendo a Rafael Correa, para discutir el binomio presidencial de RC para las elecciones de 2025. En los chats, Verduga expresa su interés en ser considerado candidato a la vicepresidencia, aunque finalmente Luisa González fue elegida como la candidata presidencial. Estas conversaciones, junto con las críticas de Verduga a González y su descontento con Nicole Bonifaz, han evidenciado fracturas dentro del movimiento. Además, la Fiscalía ha solicitado bitácoras de ingreso y salida del departamento de Verduga en Quito, entre noviembre de 2024 y enero de 2025, para identificar posibles reuniones con otros implicados.
La investigación también ha generado reacciones en la Asamblea Nacional, donde el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN) ha respaldado las denuncias contra los procesados, proponiendo un juicio político contra Nicole Bonifaz. Por otro lado, el TCE ha evitado tomar acciones internas respecto a las conversaciones que involucran a sus jueces, con la presidenta Ivonne Coloma calificando los diálogos como “elucubraciones”. Mientras tanto, Verduga y Saltos, quienes habrían salido del país hacia Colombia antes de la formulación de cargos, enfrentan el riesgo de una orden de prisión preventiva por incumplir la medida de presentación periódica quincenal.
El caso Liga2 no solo ha puesto en entredicho la integridad del CPCCS, sino que también ha avivado el debate sobre la influencia política en las instituciones ecuatorianas. Las acusaciones de González contra Verduga, combinadas con su narrativa de fraude electoral, buscan mantener la cohesión del correísmo frente a un escándalo que amenaza con debilitar su imagen de cara a futuros procesos electorales. A medida que la Fiscalía avanza en la instrucción fiscal, que se encuentra en su etapa final, la ciudadanía espera respuestas claras sobre las presuntas maniobras para capturar el control del Estado.
