El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ejerció su derecho al veto contra una polémica ley aprobada por el Congreso que buscaba reducir drásticamente las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado de 2022 y los ataques a las sedes de los tres poderes en enero de 2023. Esta normativa, impulsada por sectores conservadores y aliados del bolsonarismo, habría permitido que el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intentar impedir la transición democrática, viera su sentencia reducida a apenas dos años y cuatro meses bajo un régimen de libertad condicional. Lula calificó la medida como un intento de impunidad para quienes atentaron contra la democracia brasileña, reafirmando que cualquier crimen contra el estado de derecho debe recibir el castigo proporcional determinado por la justicia.
La aprobación de esta ley en el Senado se dio en un clima de alta tensión política, justo antes del receso parlamentario, y fue vista como una estrategia de “dosimetría” penal diseñada a la medida del expresidente para favorecer su salida de la cárcel federal en Brasilia. Tras el veto presidencial, la disputa se traslada nuevamente al Poder Legislativo, donde el Congreso, de mayoría opositora, tiene la facultad de intentar revertir la decisión del mandatario mediante una nueva votación. Aliados de Bolsonaro han adelantado que continuarán presionando por una amnistía total, mientras que el gobierno federal y el Supremo Tribunal Federal (STF) mantienen su postura de que no habrá concesiones para los involucrados en la asonada golpista.
