El gobierno de Nicolás Maduro emitió el 27 de mayo de 2025 una alerta de viaje instando a los venezolanos en Estados Unidos a considerar abandonar el país y desaconsejando cualquier desplazamiento hacia ese destino. El canciller Yván Gil, a través de redes sociales, denunció una “operación de xenofobia” impulsada por la ultraderecha venezolana y estadounidense, acusando a EE. UU. de criminalizar a migrantes venezolanos mediante la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La medida responde a la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, ordenada por Donald Trump y ratificada por la Corte Suprema, así como a la deportación de más de 250 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. Maduro calificó estas acciones como un “crimen” que atenta contra los derechos humanos, alegando que los migrantes son víctimas de sanciones económicas.
El comunicado venezolano, difundido tras las elecciones regionales y legislativas del 25 de mayo, también critica la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela, catalogada por EE. UU. como “arbitraria”. Washington, por su parte, elevó su alerta de viaje a nivel 4, instando a sus ciudadanos a no visitar Venezuela por riesgos de detención y violencia.
Maduro, quien asumió un tercer mandato en enero de 2025 tras una reelección cuestionada, anunció vuelos de repatriación bajo el Plan Vuelta a la Patria, iniciado en marzo, para “rescatar” a migrantes. El gobierno venezolano convocó a la unidad nacional y prometió acciones diplomáticas y legales para proteger a sus connacionales, mientras acusa a la oposición y a países como Colombia de fomentar la migración forzada.
La alerta ha generado debate. Organizaciones de exiliados, como la de José Antonio Colina, critican la contradicción de Maduro, quien no reconoce la crisis migratoria de 5 millones de venezolanos, según la ONU, mientras denuncia persecución en EE. UU. La comunidad internacional observa con preocupación las tensiones bilaterales, agravadas por sanciones y acusaciones mutuas.
