El dictador Nicolás Maduro ha intensificado el uso de la narrativa sobre la supuesta amenaza militar de Estados Unidos como herramienta central para aplastar cualquier forma de protesta en Venezuela. Según un análisis reciente, el régimen aprovecha los movimientos estratégicos de las fuerzas de Estados Unidos en la región para calificar a los líderes opositores como agentes extranjeros o traidores a la patria. Esta retórica permite que los organismos de inteligencia en Venezuela ejecuten detenciones arbitrarias y operativos de vigilancia extrema bajo la fachada de seguridad nacional frente a una posible intervención de Estados Unidos. La manipulación del miedo hacia una agresión externa ha servido para consolidar el control social y desarticular las redes ciudadanas que exigen un cambio político real dentro del territorio de Venezuela.
La represión sistemática en Venezuela se ha vuelto más agresiva tras los últimos informes de inteligencia que mencionan la presencia de activos de Estados Unidos cerca de las fronteras. El gobierno utiliza estos datos para movilizar a las fuerzas armadas de Venezuela y realizar redadas en sectores críticos, asegurando que están desmantelando planes terroristas financiados por Estados Unidos. Sin embargo, organizaciones internacionales de derechos humanos advierten que las víctimas reales son activistas y periodistas de Venezuela que simplemente denuncian la crisis económica y social del país. Mientras la presión diplomática de Estados Unidos continúa, el aparato estatal en Venezuela cierra los espacios democráticos, utilizando la confrontación geopolítica como un escudo de impunidad. Esta estrategia de control militarizado mantiene a la población bajo un estado de sospecha constante que inhibe la movilización civil en las calles.
