En una audiencia de formulación de cargos concluida este miércoles 4 de marzo, la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva para 14 de los 16 procesados por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas. La red, vinculada directamente con la Mafia Albanesa, fue desmantelada el martes en una operación simultánea en Pichincha, El Oro y Guayas. Entre los detenidos más destacados se encuentra un exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC) por la provincia de El Oro, señalado como pieza clave en la logística de la organización.
Detalles del operativo y detenciones
La intervención, que incluyó 26 allanamientos en ciudades como Guayaquil, Machala, Quito y Milagro, permitió la captura de 16 personas en total.
- Medidas cautelares: 14 sospechosos irán a prisión, mientras que 2 recibieron arresto domiciliario (uno por ser adulto mayor y otro por justificar una intervención quirúrgica cardíaca).
- Evidencias incautadas: Las autoridades decomisaron cerca de 1 millón de dólares en efectivo, vehículos de alta gama, joyas y armas de fuego.
- Modus Operandi: La estructura se especializaba en la “contaminación” de contenedores en los principales puertos marítimos del país para el envío de sustancias ilícitas hacia Europa.
Cooperación internacional y golpes previos
Esta investigación es el resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Ecuador, Europol y la DEA, que ha permitido desgranar las rutas de exportación de la mafia balcánica en el Cono Sur.
| Alcance de la Investigación | Resultados Acumulados |
| Operaciones ejecutadas | 4 grandes intervenciones en Bélgica, Países Bajos y Ecuador. |
| Droga incautada | 7,4 toneladas de sustancias estupefacientes. |
| Impacto financiero | 347 millones de dólares en pérdidas para la economía criminal. |
Perfil de la organización
Según el Ministerio del Interior, este grupo funcionaba como un brazo operativo de la Mafia Albanesa en territorio ecuatoriano, aprovechando conexiones políticas y logísticas para asegurar el flujo de droga hacia Amberes y Róterdam. La fiscalía tiene ahora un plazo de instrucción fiscal para profundizar en los nexos de esta red con el sistema portuario y posibles complicididades adicionales en el sector público.
