El estudio titulado Captura carcelaria, realizado por el investigador Renato Rivera Rhon, revela que las organizaciones delictivas han impuesto una gobernanza criminal dentro de los centros penitenciarios del país. En este mercado paralelo, bienes básicos como un litro de aceite o una toalla sanitaria alcanzan precios de hasta veinte dólares, mientras que medicamentos esenciales se venden con sobreprecios de más del mil por ciento. Este control absoluto obliga a las familias de los internos a asumir costos asfixiantes para garantizar la alimentación y la salud de sus parientes, convirtiendo necesidades biológicas en lucrativos bienes de lujo para las bandas.
La investigación detalla que la seguridad también tiene un costo elevado, con pagos iniciales de mil quinientos dólares para acceder a pabellones menos violentos y tarifas de hasta quince mil dólares para el ingreso de armamento pesado. Este sistema se sostiene mediante una red de corrupción donde se estima que hasta el treinta por ciento de los ingresos ilícitos se destina a sobornos de funcionarios y agentes de control. A pesar de los operativos estatales, las mafias han adaptado sus métodos de cobro mediante transferencias digitales, manteniendo un flujo constante de recursos que financia sus estructuras tanto dentro como fuera de las prisiones.
El informe concluye que el hacinamiento y la ausencia de una provisión estatal efectiva de servicios básicos permiten que este modelo de explotación persista. Ante esta realidad, el análisis recomienda implementar una política integral de rehabilitación social, regular los flujos financieros internos y fortalecer los mecanismos anticorrupción para desmantelar estas microeconomías rentables. Mientras el Estado no recupere el control total de la logística interna, la vida y la integridad física de los privados de libertad seguirán dependiendo de la capacidad económica de sus familias en el exterior.
