La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, su profunda preocupación por el uso de bonos del estado como mecanismo de pago para las asignaciones que el gobierno nacional adeuda a los gobiernos autónomos descentralizados. Según la funcionaria, esta modalidad de pago carece de liquidez inmediata, lo que impide a las prefecturas y municipios cumplir con sus cronogramas de obra pública y el pago a proveedores esenciales. Aguiñaga detalló que solo en el caso de la provincia del Guayas, la deuda pendiente por concepto de rentas no transferidas supera los sesenta millones de dólares. Ante esta situación, la prefecta calificó la medida como una forma de asfixia financiera que compromete la autonomía de los gobiernos locales y dificulta la atención de emergencias viales y productivas en el territorio.
En sus declaraciones, la máxima autoridad provincial propuso la necesidad de realizar reformas legales que garanticen transferencias en efectivo para asegurar la operatividad de los gobiernos seccionales. Aguiñaga recordó que el retraso en las rentas se ha vuelto una constante que obliga a las instituciones locales a priorizar gastos administrativos sobre la inversión en infraestructura básica. La postura de la prefectura coincide con el malestar de otros alcaldes y prefectos del país, quienes han señalado que los bonos no son aceptados por todos los contratistas, lo que paraliza proyectos estratégicos de riego y saneamiento. Mientras el ministerio de finanzas busca mecanismos para reducir el déficit fiscal, los gobiernos locales insisten en que la falta de recursos directos afecta la calidad de vida de los ciudadanos que dependen de la ejecución de proyectos provinciales.
