Desde noviembre de 2023, la Contraloría General del Estado, bajo Mauricio Torres, ha realizado 108 auditorías a declaraciones patrimoniales de jueces y fiscales, de las cuales 59 (54%) presentan indicios de responsabilidad penal (IRP) por inconsistencias en activos y pasivos. Los informes, enviados a la Fiscalía para investigación, han sorprendido por la alta cantidad de irregularidades detectadas, según fuentes de la Contraloría. Además, 52 auditorías están en curso, enfocadas en servidores judiciales.
El Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) investigarán las finanzas de jueces y fiscales que liberan a criminales mediante medidas sustitutivas, tras un anuncio del gobierno de Daniel Noboa el 13 de junio de 2025. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, liderada por Ferdinan Alvarez, convocará esta semana al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al jefe del Comando Conjunto, Patricio Vela, y a representantes del SNAI, UAFE y Contraloría para abordar el tema, con un informe previsto para el 27 de junio.
La Constitución obliga a los servidores públicos a presentar declaraciones patrimoniales al inicio, mitad y final de su gestión. Las auditorías, que contrastan ingresos y egresos, han identificado casos de posible enriquecimiento ilícito, especialmente tras el caso Metástasis, que reveló nexos de jueces con el narcotráfico. La Contraloría también examina a exfuncionarios como Guillermo Lasso y generales de las Fuerzas Armadas, intensificando la lucha contra la corrupción en un contexto de creciente inseguridad.
