junio 14, 2025 | Actualizado ECT
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Médico ecuatoriano confiesa detalles en el caso de la muerte de Francisco Albornoz en Chile

Christian González admite haber quemado el celular de la víctima tras su fallecimiento.

Escrito por Abel Cano

junio 10, 2025 | 10:30 ECT

Christian Alexander González Morales, médico ecuatoriano de 31 años, confesó haber quemado el celular del joven farmacéutico chileno Francisco Albornoz, de 21 años, hallado muerto el 3 de junio de 2025 en la ribera del río Tinguiririca, región de O’Higgins, Chile, tras estar desaparecido desde el 23 de mayo. González, detenido junto al chef chileno José Miguel Baeza Cortés, de 43 años, reveló durante la audiencia de formalización el 7 de junio que ambos trasladaron el cuerpo de Albornoz desde un departamento en Ñuñoa, Santiago, hasta una quebrada en Placilla, a 155 km, tras su muerte. Según el certificado de defunción, la causa fue un traumatismo encéfalo-craneano, descartando una sobredosis, y se sospecha que la víctima fue arrojada aún viva.

González, egresado de la Universidad de Guayaquil y empleado en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa hasta su desvinculación, declaró que Albornoz convulsionó tras consumir cocaína y popper en el departamento, desconocía el plan depa, durante un encuentro coordinado por Baeza a través de una aplicación de citas. Aseguró haber intentado reanimarlo y pidió a Baeza llamar a una ambulancia, pero este se negó. En pánico, envolvieron el cuerpo en una frazada, lo trasladaron al coche y González quemó el celular de Albornoz en la Ruta 5 Sur, guiado por Baeza. La Fiscalía imputó a ambos por homicidio calificado, aunque quedaron acusados de homicidio simple en prisión preventiva.

El caso ha conmocionado a Chile, con la Fundación Iguales exigiendo que se investigue si la orientación sexual de Albornoz, miembro de la comunidad LGBTIQ+, fue un agravante, en el marco del Mes del Orgullo. La familia de la víctima, que realizó un funeral el 6 de junio con más de 100 asistentes, interpuso una querella criminal. La investigación, liderada por la Fiscalía de Ñuñoa-Providencia y la PDI, analiza cámaras de seguridad y pericias forenses para esclarecer los hechos. La comunidad chilena exige justicia, mientras el caso reaviva debates sobre la violencia contra minorías y la seguridad en encuentros mediados por aplicaciones de citas.

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