La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó el 29 de abril de 2025 una propuesta de reforma al artículo 216 del Código de Trabajo ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), buscando modificar el sistema de jubilación patronal, según La Hora. Actualmente, solo el 4% de los trabajadores del sector privado con más de 25 años de servicio acceden a este beneficio, debido a despidos anticipados para evitar la obligación patronal, lo que limita la estabilidad laboral de empleados mayores de 40 años.
La reforma plantea reemplazar la jubilación patronal, establecida en 1938, por un fondo acumulativo financiado por aportes conjuntos de trabajadores y empleadores, gestionado mediante un fideicomiso. Este fondo sería portátil, permitiendo a los trabajadores conservar sus ahorros al cambiar de empleo, independientemente del tiempo servido en una empresa. La iniciativa, consensuada con el CNTS, integrado por representantes de trabajadores y empleadores, busca modernizar el sistema, hacerlo sostenible y evitar despidos antes de los 20 o 25 años de servicio.
Núñez destacó que la reforma responde a prácticas que perjudican a los trabajadores, como los despidos intempestivos antes de cumplir dos décadas en una empresa, una problemática que también afecta a las empresas por la pérdida de talento experimentado. La Federación de Trabajadores Públicos y Privados apoya el fideicomiso, aunque persisten debates sobre los porcentajes de aporte y la entidad administradora. Sin embargo, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) propone un modelo financiado solo por empleadores y gestionado por el IESS, similar a una iniciativa de 2021.
La propuesta será enviada a la Asamblea Nacional para su debate, con la intención de incorporar aportes de los bloques legislativos. Críticos, como usuarios en X, expresan preocupación por la posible administración estatal del fondo, argumentando que el Gobierno podría manejarlo como una “caja chica” debido a su historial de gestión financiera. La reforma busca equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad económica, en un contexto donde la alta informalidad y el envejecimiento poblacional presionan al sistema de pensiones.
