La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó el 9 de mayo de 2025 que su gobierno ha presentado una demanda civil contra Google por cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América en su plataforma Google Maps, una acción que México considera una afrenta a su soberanía. Según reportes de El País y El Universal, la demanda, interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, obtuvo una resolución preliminar que ordena a Google corregir inmediatamente el nombre en sus servicios, incluyendo Maps y Earth, para reflejar “Golfo de México” en el territorio mexicano y aguas internacionales.
El conflicto se originó el 20 de enero de 2025, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió un decreto renombrando la plataforma continental estadounidense del Golfo como Golfo de América, según El Economista. Google aplicó este cambio globalmente, incluyendo áreas bajo soberanía de México y Cuba, lo que provocó la reacción del gobierno mexicano. Sheinbaum aclaró que el decreto de Trump solo aplica a las 22 millas náuticas de la plataforma continental estadounidense, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que Google no tiene autoridad para modificar nombres en aguas internacionales.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, envió cartas a Google desde el 30 de enero, exigiendo la restitución del nombre, respaldado por 425 años de uso histórico, según Infobae. Google propuso mostrar “Golfo de América” para usuarios en EE.UU., “Golfo de México” en México, y ambos nombres en otros países, una solución rechazada por México por incluir territorio mexicano. Una primera demanda en marzo fue desechada por un juez por falta de competencia, pero la nueva acción legal avanza con una resolución favorable, aunque Google puede apelar.
La Enciclopedia Británica y la Organización Hidrográfica Internacional respaldan el nombre Golfo de México, mientras que Apple también adoptó “Golfo de América” para usuarios estadounidenses, según DW. Sheinbaum enfatizó que “nadie puede renombrar nuestro territorio” y busca un precedente en la regulación de la toponimia digital. Este caso pone en relieve los desafíos de la soberanía en la era de las plataformas tecnológicas globales.
