Un grupo de militares ecuatorianos implicados en el caso Malvinas, donde se investiga el presunto uso excesivo de fuerza durante un operativo en 2022, busca revocar su prisión preventiva. Los acusados apelan a una nueva ley que flexibiliza las condiciones para medidas cautelares, argumentando que no representan un peligro para la sociedad ni riesgo de fuga. La audiencia de apelación está programada para los próximos días, en un contexto de creciente escrutinio sobre las acciones militares en operativos de seguridad.
El caso Malvinas se originó tras un operativo en una zona conflictiva, donde los militares enfrentaron a presuntos delincuentes, resultando en bajas civiles que generaron controversia. Los uniformados, actualmente en prisión preventiva, sostienen que actuaron bajo órdenes y en cumplimiento de su deber. La defensa busca que se les otorgue medidas alternativas, como arresto domiciliario, mientras avanza la investigación, apoyándose en la reciente reforma legal que prioriza la proporcionalidad en las sanciones.
La apelación ha reavivado el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y los límites de su actuación. Organizaciones de derechos humanos exigen claridad en el proceso, mientras que sectores militares piden considerar el contexto de riesgo en el que operaron. El fallo de la apelación podría sentar un precedente para casos similares, en un momento en que Ecuador enfrenta desafíos de seguridad y busca equilibrar justicia con el respaldo a sus instituciones.
