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octubre 16, 2025 | Actualizado ECT
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Minería busca reformar los “derechos de la naturaleza” y la consulta previa en una posible nueva Constitución para impulsar la industria

Abogados y consultores critican que la interpretación de la Carta de Montecristi ha generado “frenos al progreso” y piden un marco regulatorio que equilibre la inversión pública y privada.

Escrito por Abel Cano

octubre 6, 2025 | 07:31 ECT

El sector minero en Ecuador percibe la inminente consulta popular del 16 de noviembre, convocada por el presidente Daniel Noboa para decidir sobre una nueva Asamblea Constituyente, como una oportunidad clave para adecuar el marco normativo a las necesidades de la industria. Temas centrales de debate incluyen la consulta previa, los derechos de la naturaleza y el combate a la minería ilegal. En un foro organizado por la Cámara de Minería del Ecuador (CME), expertos analizaron los retos regulatorios en un contexto político de “absoluta efervescencia” y “amenaza de la gobernanza criminal”, como lo describió María Amparo Albán, abogada y consultora.

Albán, miembro del directorio de SolGold, defendió que el sector minero tiene una “propuesta de desarrollo sostenible” y es partidaria de mantener los derechos de la naturaleza en la Constitución (la de 2008 fue la primera en el mundo en reconocerlos), pero considera esencial reformar los artículos 71 y 72 por la “confusión que generan”. En su criterio, la interpretación de este articulado ha sido utilizada por la Corte Constitucional para imponer “frenos al progreso” del país, sugiriendo que la normativa debe alinearse con el marco internacional, incluyendo sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los expertos coincidieron en que la nueva Carta Magna debe mantener la consulta previa, libre e informada, pero debe ser “adecuada” para evitar el antagonismo actual. Además, el sector busca balancear las reglas de juego entre los sectores público y privado para impulsar la inversión, ya que los inversionistas privados operan actualmente en desventaja frente a la Empresa Nacional de Minería (Enami). Andrés Icaza, vicepresidente de la CME, planteó que equilibrar las reglas es la “primera oportunidad” de cambio. También se propuso un tratamiento más rígido para la minería ilegal, vinculada directamente con el crimen organizado. La experiencia de Perú, que reformó su marco tributario para adaptarlo a los ciclos mineros y atraer inversión, fue citada como un modelo de solidez que Ecuador podría emular.

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