La minería ilegal se ha consolidado como el nuevo “producto estrella” del crimen organizado en Ecuador, diversificando sus actividades más allá del narcotráfico, el sicariato y la extorsión. Según un informe del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, esta actividad genera millonarias ganancias a grupos delictivos que operan en 16 de las 24 provincias del país, explotando oro, coltán y otros minerales. Las operaciones, que a menudo se disfrazan de minería artesanal, han devastado áreas protegidas, ríos y comunidades, mientras las autoridades luchan por contener su expansión.
El informe destaca que el crimen organizado ha encontrado en la minería ilegal un negocio altamente lucrativo, con ingresos comparables al narcotráfico pero con menos riesgos legales y logísticos. En regiones como Imbabura, Esmeraldas, Napo y Zamora Chinchipe, los grupos delictivos controlan yacimientos, emplean maquinaria pesada y utilizan mercurio, causando daños ambientales irreversibles. Comunidades indígenas y campesinas, como las de Punino en Orellana, han sido desplazadas por la violencia de estos grupos, que imponen su control mediante amenazas y asesinatos. Además, la minería ilegal se nutre de redes transnacionales, con carteles mexicanos y albaneses involucrados en el lavado de dinero y la exportación de minerales.
Las autoridades ecuatorianas han intensificado operativos para combatir esta amenaza, con acciones como la del Ejército en Camilo Ponce Enríquez, donde se decomisaron fusiles y explosivos en una concesión minera. En 2025, el Bloque de Seguridad reportó pérdidas de $120 millones para las mafias mineras gracias a intervenciones basadas en inteligencia militar. Sin embargo, la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas complica los esfuerzos, ya que funcionarios corruptos facilitan permisos y encubren operaciones ilegales. El informe señala que el 74% de las concesiones mineras en el país enfrentan problemas legales, lo que refleja la magnitud del desafío.
La minería ilegal no solo representa una amenaza ambiental y social, sino también un reto para la seguridad nacional. La falta de políticas públicas efectivas y la debilidad institucional han permitido que este delito prospere, alimentado por la pobreza y la falta de oportunidades en las zonas afectadas. Expertos advierten que, sin una estrategia integral que combine represión, regulación y desarrollo social, Ecuador podría convertirse en un epicentro de la minería ilícita en la región, con consecuencias devastadoras para su economía y ecosistemas. Organizaciones civiles y comunidades exigen acciones urgentes para frenar este flagelo y proteger los derechos de las poblaciones vulneradas.
