Un grupo masivo de mineros protagonizó una violenta jornada de protestas en las calles de la Paz, en rechazo a las posibles modificaciones en el subsidio estatal de la gasolina. Durante la movilización, los manifestantes utilizaron cartuchos de dinamita para amedrentar a las fuerzas del orden, lo que derivó en fuertes enfrentamientos en el centro de la sede de gobierno boliviana. La policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, mientras los comerciantes cerraban sus negocios por temor a mayores daños materiales. Los trabajadores aseguran que el encarecimiento del combustible afectará directamente el costo de operación en los yacimientos y elevará el precio de los productos básicos, por lo que exigen al Ejecutivo mantener el beneficio vigente para evitar una crisis económica mayor.
La tensión escaló rápidamente cuando los mineros intentaron romper el cerco policial que resguarda la Plaza Murillo y las sedes gubernamentales. Según reportes preliminares, el uso de explosivos en plena zona urbana causó daños en la infraestructura pública y generó pánico entre los transeúntes. Por su parte, el Ministerio de Gobierno condenó el uso de materiales peligrosos en las marchas y advirtió que no permitirá que la seguridad ciudadana se ponga en riesgo bajo el argumento de la protesta social. A pesar del conflicto, las organizaciones mineras han declarado un estado de emergencia y amenazan con radicalizar sus medidas de presión si no se instala una mesa de diálogo inmediata. La situación en la capital permanece crítica mientras los servicios de transporte han sido suspendidos en varias zonas.
