El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ejecutó la intervención de Segura EP, la entidad encargada de la seguridad ciudadana en Guayaquil. Con esta medida, los recursos tecnológicos y logísticos del municipio han pasado a ser coordinados directamente por la Policía Nacional. El ministro John Reimberg confirmó que 350 uniformados ya utilizan las camionetas municipales para patrullajes conjuntos con conductores de la entidad. Según el funcionario, la intervención no tiene un plazo definido y busca corregir la “falta de presencia municipal” y el desorden administrativo en el control delictivo de la urbe.
Controversia por el almacenamiento de datos e investigación fiscal
La intervención ha sacado a la luz irregularidades técnicas y legales que ya están bajo la lupa de las autoridades:
- Almacenamiento Externo: El ministro Reimberg denunció que el centro de datos de las cámaras no está en las instalaciones de Segura EP, sino en manos de un privado, lo que incumpliría acuerdos ministeriales.
- Investigación Fiscal: La Fiscalía realizó un allanamiento tras denuncias de una posible difusión de información reservada y videovigilancia hacia servidores externos restringidos.
- Costo de Infraestructura: Álex Anchundia, gerente de Segura EP, defendió el modelo actual alegando que tener almacenamiento propio para las más de 30.000 cámaras de la ciudad requeriría una inversión de entre 8 y 10 millones de dólares.
A pesar de la intervención y la presencia de delegados del Ministerio en las consolas de mando, el personal administrativo de Segura EP continúa en sus funciones. El objetivo final, según el Ejecutivo, es integrar totalmente el sistema municipal al sistema nacional para agilizar la respuesta ante emergencias y operativos contra el crimen organizado en los puntos más conflictivos de Guayaquil.
