La Secretaría de Movilidad de Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) iniciaron formalmente los expedientes administrativos sancionatorios contra 57 de las 64 operadoras de transporte urbano de la capital. Tras un operativo de verificación realizado desde las 06:00 de este martes, las autoridades determinaron que la mayoría de las empresas privadas suspendieron sus operaciones, contraviniendo la prohibición legal de paralizar servicios públicos. Álex Pérez, titular de Movilidad, rechazó el argumento de los gremios sobre una supuesta “racionalización” de actividades y advirtió que las sanciones económicas por estos incumplimientos podrían alcanzar las ocho remuneraciones básicas unificadas por cada operadora notificada.
El conflicto escaló hasta el Concejo Metropolitano, donde el alcalde Pabel Muñoz denunció que la medida de presión de los transportistas constituye un “chantaje” hacia la ciudadanía. Muñoz reveló que existía un cronograma de diálogo previsto para mediados de mayo para tratar temas como la revisión tarifaria y la renegociación de corredores, pero enfatizó que no mantendrá conversaciones bajo condiciones de amenaza. Mientras tanto, los dirigentes del transporte insisten en que la falta de compensaciones por el fin del subsidio a los combustibles hace insostenible la operación habitual, situación que ha generado graves inconvenientes en la movilidad de los usuarios y una respuesta firme por parte del Cabildo quiteño.
