El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, ratificó este lunes que la inmunidad legislativa no debe ser confundida con la impunidad, justificando así la suspensión del trámite para autorizar el enjuiciamiento del asambleísta Juan Andrés González, de la bancada de la Revolución Ciudadana. Olsen explicó que la decisión se ampara en el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual establece que, si el pleno no resuelve un pedido de levantamiento de inmunidad en un plazo de treinta días, la autorización se entiende concedida por ministerio de la ley. Con este mecanismo, el proceso judicial por la querella de calumnia presentada por la legisladora Naila Quintana podrá seguir su curso sin bloqueos políticos.
La controversia se originó tras las declaraciones emitidas por González el pasado 10 de diciembre, en las que calificó de terroristas a los integrantes de la bancada oficialista ADN. Ante esto, el titular del Legislativo enfatizó que los ciudadanos demandan instituciones firmes que no utilicen el cargo como un escudo para el abuso de poder o la difamación. Según Olsen, la inmunidad es una garantía para proteger la independencia parlamentaria en el ejercicio de sus funciones, pero no un privilegio que coloque a los funcionarios por encima de la justicia ordinaria o del debido proceso que rige para todos los ecuatorianos.
La gestión de la Asamblea busca, bajo esta línea, asegurar que cualquier investigación judicial se desarrolle sin interferencias externas ni protecciones indebidas. Olsen puntualizó que ser asambleísta conlleva una responsabilidad superior frente al país y que su administración mantendrá un respeto irrestricto a la institucionalidad y al Estado de Derecho. Al permitir que el plazo legal se cumpla sin una resolución de rechazo, el parlamento evita ser señalado como un espacio de protección corporativa, facilitando que la justicia determine la responsabilidad legal de los involucrados en el caso.
