Ecuador enfrenta una crisis de violencia que afecta gravemente a niños y adolescentes, atrapados en un entorno de inseguridad donde son víctimas de asesinatos y reclutados por bandas criminales. En 2023, 770 menores fueron asesinados, un aumento del 640% desde 2019, según el Ministerio del Interior. La mayoría de estos crímenes, especialmente en provincias como Guayas y Esmeraldas, involucran armas de fuego, reflejando la creciente influencia del crimen organizado.
Los menores, particularmente entre 11 y 19 años, son vulnerables al reclutamiento por grupos delictivos como el Tren de Aragua, que los utilizan para tareas como vigilancia, mensajería o sicariato. La Policía Nacional reporta que cada tres horas un adolescente es detenido por delitos graves. Factores como hogares disfuncionales y pobreza facilitan la captación, mientras que la falta de seguimiento estatal agrava el problema.
La violencia también impacta la salud mental de los menores, con casos de ansiedad y miedo en ciudades como Guayaquil. UNICEF ha alertado sobre la interrupción de servicios básicos como salud y educación en áreas controladas por bandas, lo que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado. Programas como el “Plan de Escuelas Seguras” buscan mitigar estos efectos, pero la situación sigue siendo crítica.
Además, niños y adolescentes enfrentan violencia intrafamiliar y acoso en línea. En 2021, el ECU-911 registró 714 incidentes de maltrato, abandono y acoso contra menores. Organizaciones como Casa Matilde ofrecen refugio a víctimas, pero la capacidad es limitada. La violencia de género y patrimonial también afecta a menores, con casos de destrucción de bienes reportados en Durán y Quito.
Esta situación exige acciones urgentes. UNICEF y el gobierno trabajan en fortalecer sistemas de protección infantil, pero la escalada de violencia requiere políticas integrales para garantizar la seguridad y los derechos de los menores. La cooperación internacional y la reforma judicial son esenciales para enfrentar el crimen organizado y proteger a esta población vulnerable.