El Partido Unidad Popular (PUP), liderado por Geovanni Atarihuana, presentó el 20 de junio una segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional ante la Corte Constitucional en Quito. Los demandantes argumentan que la ley, publicada el 10 de junio, establece un régimen autoritario que vulnera derechos constitucionales al concentrar poder en el presidente y militarizar el país.
Atarihuana señaló que la normativa podría justificar detenciones arbitrarias y abusos contra opositores, activistas y sectores vulnerables, criminalizando la pobreza. Criticó disposiciones que permitirían catalogar a jóvenes como sospechosos por su apariencia o condición social, alertando sobre posibles ejecuciones extrajudiciales y un “indulto diferido” que fomentaría la impunidad. Anunció otra demanda próxima contra la Ley de Inteligencia.
Aprobada el 7 de junio por la mayoría oficialista en la Asamblea, la ley incluye incentivos tributarios para donaciones al combate del crimen organizado, según el gobierno de Daniel Noboa. Una primera demanda, presentada el 13 de junio, ya está en trámite. PUP no pidió medidas cautelares, pero urge una resolución rápida de la Corte.
