La Ley de Integridad Pública, aprobada el 24 de junio de 2025 con 84 votos en la Asamblea Nacional y publicada dos días después, reforma 20 cuerpos legales, incluyendo ocho artículos de la Ley de Movilidad Humana. Estas modificaciones endurecen las condiciones para extranjeros en Ecuador, especialmente en temas de residencia, naturalización y deportación.
Uno de los cambios clave está en los requisitos para obtener residencias temporales o permanentes. Ahora, según el artículo 64, numeral 5, no se otorgarán a quienes tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas por cualquier delito con pena privativa de libertad, eliminando el límite previo de cinco años para ciertos crímenes. Asimismo, se modificó el artículo 68, permitiendo la cancelación de visas por cualquier condena con pena de prisión.
En cuanto a la naturalización, el artículo 79, numeral 2, ya no establece un tiempo mínimo de condena para denegar la carta de naturalización, ampliando las restricciones a cualquier delito con pena privativa de libertad. También se eliminaron referencias a los cinco años de condena para delitos graves, como los contemplados en el Estatuto de Roma.
En materia de deportaciones, la ley introduce medidas severas en el contexto de conflicto armado interno. El artículo 141 establece una prohibición de reingreso al país por 40 años para deportados, y el artículo 147 permite la expulsión sin necesidad de cumplir la pena completa. Además, si un extranjero regresa antes de este plazo durante un conflicto armado, enfrentará cargos por incumplimiento de autoridad y podría ser considerado objetivo militar.
Sin embargo, la ley enfrenta cuestionamientos. Desde su publicación el 26 de junio de 2025, se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional, lideradas por abogados, cooperativas y educadores, quienes alegan vulneraciones a derechos laborales, de menores y al sector de cooperativas de ahorro y crédito.
