La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el despliegue de observadores para supervisar las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado. El personal, compuesto por funcionarios de la fiscalía identificados con chalecos morados, tendrá la misión de documentar y recopilar información sobre las actividades federales y las manifestaciones relacionadas, sin interferir directamente en los procedimientos. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente indignación por la muerte de dos manifestantes en Mineápolis y reportes de abusos cometidos bajo el pretexto de la seguridad pública nacional.
La gobernadora Kathy Hochul respaldó estas acciones y reafirmó su compromiso de implementar leyes que impidan el uso de policías y cárceles locales en las campañas de deportación masiva. En la misma línea, se espera que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, prohíba la presencia de agentes federales en las prisiones municipales. Estas medidas acentúan el conflicto entre el gobierno estatal demócrata y la administración de Donald Trump, que ha intensificado sus operativos en las denominadas ciudades santuario para forzar la cooperación en materia de control migratorio.
