El Frente Nacional por un Nuevo IESS, un movimiento cívico que defiende los derechos de la seguridad social, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional contra la sexta disposición transitoria de la Ley Orgánica de Transparencia Social. Esta disposición legal establece que las empresas e instituciones públicas en proceso de liquidación no estarán obligadas a pagar las multas y recargos al IESS.
Según Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IESS, esta medida perjudica directamente a los trabajadores, ya que pierden sus años de aportes al IESS y sus pagos. Llanes afirmó que la ley es una “trampa” y que lo correcto sería que el Ministerio de Economía y Finanzas asuma esas deudas.
Llanes también explicó que la disposición vulnera los derechos de los trabajadores, ya que, al no haber pagos al IESS, no pueden acceder a servicios básicos como atención médica, préstamos hipotecarios, quirografarios o prendarios. El presidente del movimiento argumentó que esta ley es una “clara violación de los derechos de la seguridad social”, y que, además, sería una “inaceptable discriminación” hacia los trabajadores, lo que contraviene el artículo 66 de la Constitución de la República.
