Un proyecto de ley en el Congreso de Estados Unidos, conocido como la Ley de Seguridad de la Propiedad, está generando debate por sus posibles efectos en el mercado inmobiliario. La propuesta busca imponer restricciones a la compra de viviendas por parte de inversionistas extranjeros, especialmente de países considerados “adversarios” por el gobierno estadounidense, como China. Según sus defensores, la legislación pretende proteger los intereses nacionales y garantizar que los ciudadanos estadounidenses tengan prioridad en el acceso a la vivienda en un mercado ya tensionado por la alta demanda y la escasez de oferta.
Sin embargo, expertos en bienes raíces advierten que estas restricciones podrían tener consecuencias no deseadas. Al limitar la participación de compradores extranjeros, que representan una parte significativa del mercado en estados como California y Florida, la oferta de viviendas podría reducirse aún más, elevando los precios. Un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios señala que los inversionistas extranjeros adquirieron propiedades por valor de $53.3 mil millones en 2023, y su exclusión podría generar una presión adicional sobre los costos, afectando especialmente a compradores de clase media y baja.
Por otro lado, los críticos de la ley argumentan que el problema de la asequibilidad no se resuelve con restricciones a compradores extranjeros, sino con políticas que aumenten la construcción de viviendas y reduzcan las tasas hipotecarias, que actualmente rondan el 6.5%. En estados como Texas y Florida, donde la migración interna ha disparado la demanda, los precios han subido un 150% en la última década, según datos de Zillow. Mientras el Congreso debate esta legislación, los estadounidenses enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, con un salario medio necesario de $104,339 para adquirir una vivienda, según un análisis de Home Sweet Home.
