El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el 11 de junio de 2025 la segunda revisión del programa económico con Ecuador, liberando un desembolso de 417 millones de dólares. Estos recursos, parte de un acuerdo por 4,000 millones, buscan aliviar la presión sobre la caja fiscal ecuatoriana, afectada por un déficit proyectado de 5,500 millones para 2025.
El gobierno de Daniel Noboa solicitó una extensión del crédito por 1,000 millones adicionales, a cambio de profundizar ajustes fiscales. Sin embargo, expertos advierten que el déficit, impulsado por la crisis energética y la caída de ingresos petroleros, requiere medidas estructurales como reformas tributarias y reducción del gasto público para garantizar sostenibilidad.
La ministra de Economía, Sariha Moya, destacó que los fondos del FMI, junto con 750 millones de otros multilaterales, ayudarán a cubrir necesidades urgentes, como pagos a proveedores y gobiernos locales. No obstante, analistas señalan que los recursos no resuelven el problema de fondo, ya que el gasto público sigue creciendo y la gobernabilidad enfrenta desafíos por la crisis energética y social.
El FMI proyecta un crecimiento económico del 0.3% para Ecuador en 2024, pero la sequía y los apagones han complicado las metas fiscales. La dependencia de financiamiento externo, aunque favorable, no sustituye la necesidad de un plan a largo plazo para reducir el déficit y estabilizar la economía, según especialistas.
