En un trágico suceso que ha conmocionado al país, ocho militares de la Brigada de Selva 19 Napo perdieron la vida este viernes, 9 de mayo de 2025, durante un violento enfrentamiento armado en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana. Según las primeras investigaciones, los uniformados fueron emboscados por el Grupo Delictivo Organizado (GDO) conocido como “Comandos de la Frontera”, mientras realizaban una operación reservada de control minero destinada a combatir la minería ilegal en esta zona amazónica. La Fiscalía General del Estado ha iniciado diligencias urgentes para esclarecer los hechos, incluyendo el levantamiento de los cadáveres y la recolección de indicios en el lugar del ataque.
El incidente ocurrió en una región marcada por el auge de actividades ilícitas, donde la minería ilegal de oro ha generado un aumento de la violencia y la presencia de grupos armados. Alto Punino, ubicado entre las provincias de Orellana y Napo, es un punto crítico debido a su cercanía con la frontera colombiana y su riqueza en recursos naturales. Según reportes, los “Comandos de la Frontera”, una disidencia vinculada a redes de narcotráfico y minería ilegal, habrían atacado a la patrulla militar en un acto planificado, aprovechando el terreno selvático para tender la emboscada.
La operación militar, ejecutada por el Ejército Ecuatoriano, tenía como objetivo desarticular campamentos y actividades mineras no autorizadas que han devastado ecosistemas locales, como el río Punino, donde se han registrado pérdidas de al menos 217 hectáreas de bosque entre 2019 y 2022 debido a la extracción ilegal. Sin embargo, la presencia de grupos armados como los “Comandos de la Frontera”, que operan en alianza con bandas locales como Los Choneros, ha complicado los esfuerzos de las Fuerzas Armadas para restablecer el control en la zona.
Tras el enfrentamiento, la Fiscalía General del Estado desplegó equipos para realizar las primeras diligencias en el lugar de los hechos. Estas incluyen la identificación y levantamiento de los cuerpos de los militares fallecidos, así como la fijación de indicios balísticos y materiales que puedan ayudar a reconstruir el ataque. La institución ha confirmado que los uniformados fueron atacados con armamento pesado, lo que evidencia la capacidad de fuego de los grupos delictivos en la región.
El comandante de la Brigada de Selva 19 Napo, coronel Marco Guerrón Gutiérrez, expresó su consternación por la pérdida de los soldados, destacando su compromiso con la seguridad y la lucha contra el crimen organizado. “Este es un golpe duro para nuestra institución, pero reafirma nuestra determinación de proteger la soberanía y el bienestar de los ecuatorianos”, señaló. El Ejército Ecuatoriano, por su parte, ha anunciado que reforzará las operaciones en la zona y colaborará plenamente con las investigaciones de la Fiscalía.
Este trágico evento se suma a una serie de incidentes violentos en la provincia de Orellana, que en los últimos años ha visto un incremento de la actividad delictiva. En 2023, por ejemplo, militares de la misma brigada sufrieron el robo de fusiles y chalecos antibalas por parte de delincuentes en el bloque 60 Sacha, lo que puso en evidencia la audacia de los grupos armados. Asimismo, la región ha sido escenario de operativos como el “Manatí 3” en mayo de 2023, donde se destruyeron 34 retroexcavadoras utilizadas en minería ilegal, aunque los resultados han sido cuestionados por su limitada efectividad a largo plazo.
La muerte de los ocho militares ha generado una ola de indignación y luto en el país, con llamados a fortalecer las estrategias de seguridad en la Amazonía. Organizaciones como la Defensoría del Pueblo han advertido sobre las amenazas que enfrentan las comunidades locales y los defensores ambientales en zonas como Punino, donde la minería ilegal no solo destruye el medio ambiente, sino que también alimenta un ciclo de violencia y corrupción.
El presidente Daniel Noboa, quien desde 2024 ha declarado un “conflicto armado interno” contra 22 grupos delictivos, enfrenta ahora un nuevo desafío para contener la escalada de violencia en Orellana y otras provincias amazónicas. Mientras tanto, las familias de los militares fallecidos y la ciudadanía esperan respuestas y justicia ante este acto que pone de manifiesto los riesgos que enfrentan las Fuerzas Armadas en su lucha contra el crimen organizado.
La Fiscalía ha asegurado que las investigaciones avanzarán con celeridad para identificar a los responsables y garantizar que no haya impunidad. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha prometido apoyo a las familias de los soldados caídos y un reforzamiento de las medidas de seguridad en la región. Este suceso, sin duda, marca un punto de inflexión en la batalla contra la minería ilegal y los grupos armados que operan en la Amazonía ecuatoriana, dejando un doloroso recordatorio del costo humano de esta lucha.
