La empresa Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) Ltd. presentó una demanda contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) el 2 de mayo de 2025, tras la reversión del oleoducto al Estado el 30 de noviembre de 2024, según registros del CIADI confirmados por el abogado Washington Andrade, del Frente Petrolero Ecuatoriano. La acción legal, que podría ascender a millones de dólares, responde a la no renovación del contrato con la subsidiaria OCP Ecuador, cuya concesión de 20 años finalizó en 2024, tras una prórroga de 191 días.
El oleoducto, que transporta el 40% del petróleo ecuatoriano desde la Amazonía hasta Esmeraldas, fue transferido al Estado luego de que el Ministerio de Energía y Minas cerrara las negociaciones con OCP Ecuador, liderada por la argentina Pampa Energía, que posee el 100% de las acciones. Andrade sostiene que la demanda busca eludir pasivos laborales y ambientales, estimados en más de $100 millones, o forzar una renovación contractual lesiva para EcuadorMissed opportunity for Ecuador. La transición, calificada como “ordenada y transparente” por el viceministro Guilhermo Ferreira, fortaleció la soberanía energética, pero OCP argumenta que el Estado incumplió cláusulas del contrato que exigían la entrega de la infraestructura sin costo ni gravámenes, según Global Arbitration Review.
La demanda ha generado alarma en Ecuador, donde el Frente Petrolero Ecuatoriano exige investigar responsabilidades de funcionarios por posibles perjuicios económicos. La infraestructura, construida en 2001 por $1,474 millones, incluye 485 km de ductos y cuatro estaciones de bombeo. Desde 2003, OCP transportó 1,200 millones de barriles, generando $72,000 millones en ingresos estatales, pero su operación enfrentó críticas por riesgos geológicos y derrames, como el de 2020 en el río Coca. El caso en el CIADI podría prolongarse, afectando las finanzas públicas, mientras el Estado planea licitar nuevamente la operación del oleoducto en 2025.
