La madrugada del pasado 3 de enero de 2026, Venezuela fue escenario de una incursión militar sin precedentes denominada “Operación Resolución Absoluta”. Ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos con el apoyo de una flota de 150 aeronaves de combate y 200 efectivos de élite, la misión logró la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Sin embargo, el balance de la operación revela un alto costo material y humano: fuentes oficiales reportan al menos 40 fallecidos, entre ellos civiles y 56 militares (venezolanos y cubanos), además de daños severos en infraestructura no militar.
El éxito táctico de la operación se atribuye al empleo del misil AGM-154C-1 Joint Standoff Weapon (JSOW), un arma aire-tierra de 1.000 libras fabricada por Raytheon. Este misil, habilitado para operar en red mediante el enlace Link-16, permite atacar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia, fuera del alcance de las defensas antiaéreas. Su capacidad multietapa está diseñada para penetrar instalaciones reforzadas, lo que facilitó la neutralización de los búnkeres de mando del chavismo. No obstante, expertos internacionales cuestionan el uso de este poder de fuego en áreas densamente pobladas, señalando que la “alta precisión” prometida no evitó la pérdida de vidas civiles y la destrucción de centros de conocimiento soberano.
Uno de los puntos más críticos del bombardeo fue la destrucción del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dos misiles impactaron directamente el Centro de Matemáticas, devastando servidores y redes computacionales esenciales. La onda expansiva también afectó los centros de Física, Química, Ecología y la Unidad de Tecnología Nuclear. Paralelamente, en el estado portuario de La Guaira, misiles destruyeron un almacén de medicamentos y alimentos, mientras que en zonas residenciales de la capital se reportaron daños en edificios multifamiliares debido a la proximidad de los objetivos estratégicos.
