En una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y Colombia, realizada el 30 de mayo de 2025 en la provincia de Carchi, se desmantelaron seis campamentos dedicados a la minería ilegal. Los sitios, ubicados en el sector de Sanguillín, cantón Calvas, contenían excavadoras y herramientas abandonadas, evidenciando una huida reciente de los mineros ante la llegada de las autoridades.
La intervención, coordinada por el Ministerio de Defensa, resultó en la destrucción de maquinaria pesada, incluyendo retroexcavadoras, y la incautación de materiales usados para la extracción ilícita de minerales. Además, se detuvo a un ciudadano colombiano, presunto miembro de una red criminal, quien fue puesto a disposición de las autoridades para enfrentar cargos por actividades mineras sin permisos, según el artículo 20 del Código Integral Penal.
Este operativo se suma a esfuerzos previos en provincias como Napo, Orellana y Azuay, donde la minería ilegal ha causado daños ambientales significativos, como la deforestación de 784 hectáreas en el río Punino en 2023. Las autoridades ecuatorianas refuerzan su compromiso para combatir esta actividad, considerada una amenaza a la seguridad nacional por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
