Mientras la administración del presidente Daniel Noboa celebra la demanda presentada en Florida, Estados Unidos, contra la empresa Progen por contratos anómalos de $149 millones para la compra de motores de generación eléctrica, la oposición exige enfocar la acción legal en Ecuador. Los asambleístas de Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC) han calificado de “irrisorio” que, tras un año de retraso en las soluciones energéticas, se priorice la vía internacional sobre la justicia local, argumentando que el delito se cometió en el territorio nacional con la complicidad de funcionarios ecuatorianos. El asambleísta Lenin Barreto (RC) recordó que su bancada presentó una noticia criminis ante la Fiscalía del Estado en octubre de 2024, sin que hasta la fecha haya existido ninguna acción penal o allanamiento relacionado con el caso.
En la Asamblea Nacional, la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana, presidida por Diana Jácome, lleva seis meses fiscalizando el caso Progen y aún no presenta su informe. Jácome, aunque aplaudió la acción judicial de Noboa en EE. UU., aseguró que la fiscalización legislativa continuará, prometiendo resultados pronto. Por su parte, la oposición insiste en que el caso no pudo haberse perpetrado sin la aprobación y los informes favorables de instituciones clave como Celec, Termo Pichincha y ElectroGuayas, y ha señalado directamente a exministros de Energía como Roberto Luque e Inés Manzano. El legislador Alfredo Serrano (PSC) resaltó que, si bien la acción internacional es importante para recuperar recursos, la prioridad debe ser la acusación particular en Ecuador contra los funcionarios de alto y bajo nivel que permitieron lo que considera un “gran robo”. La bancada oficialista (ADN) ha manifestado su apoyo a la decisión de Noboa, alegando que la demanda en el exterior obedece a cláusulas contractuales y que la Contraloría ya identificó responsabilidades administrativas.
