Las 237 organizaciones políticas habilitadas en Ecuador encaran un escenario crítico de cara a los comicios seccionales del 29 de noviembre, los cuales actuarán como un filtro para limpiar el registro electoral. Tras la reforma legal vigente desde julio de 2025, los grupos nacionales están obligados a alcanzar al menos el 5 % de los votos válidos en elecciones pluripersonales, una cifra que, según proyecciones del padrón, superaría los 500.000 votos. Aquellas agrupaciones que no cumplan con este umbral, o que no logren representatividad mínima en alcaldías y concejalías, quedarán extinguidas de forma inmediata, eliminando la antigua regla que permitía una evaluación tras dos procesos electorales consecutivos.
El panorama se complica para figuras clave del tablero político: el movimiento Revolución Ciudadana (lista 5) se encuentra suspendido por nueve meses, lo que le impide participar en la contienda, mientras que Construye y Unidad Popular enfrentan procesos de cancelación que se resolverán en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) antes del 31 de mayo. Este nuevo marco normativo, impulsado por las bancadas de ADN y RC, busca reducir la fragmentación política forzando a los movimientos a postular candidatos con verdadero arrastre popular, ya que la ausencia de candidaturas se contabilizará automáticamente como un 0 % de votación, acelerando su desaparición del sistema democrático.
