Esta semana, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves se sumaron formalmente al grupo de naciones del Caribe Oriental que han aceptado acuerdos con Estados Unidos para recibir a nacionales de terceros países que no pueden ser repatriados a sus lugares de origen. Esta decisión responde a una fuerte presión diplomática de Washington sobre los programas de Ciudadanía por Inversión (CIP), los cuales permiten obtener pasaportes caribeños mediante aportes económicos. Para evitar restricciones de viaje y sanciones comerciales, estas naciones han aceptado colaborar en la gestión migratoria, implementando además estándares más estrictos de seguridad, como el uso obligatorio de biometría.
El primer ministro de Santa Lucía, Phillip Pierre, aclaró que el Memorando de Entendimiento (MOU) firmado no implica transferencias automáticas, sino que cada caso será evaluado por su gobierno. Por su parte, Terrence Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves, estableció condiciones más específicas: solo se aceptarán ciudadanos de países pertenecientes a la Comunidad del Caribe (Caricom), excluyendo temporalmente a nacionales de Haití por motivos de seguridad y prohibiendo el ingreso de personas con antecedentes de delitos violentos o sexuales. EE. UU. ha visto con buenos ojos estos compromisos, que buscan estabilizar la movilidad humana en la cuenca del Caribe bajo marcos de control compartidos.
Mientras tanto, Guyana se encuentra en la fase final de las negociaciones, pero con un enfoque estrictamente económico. Ante la expansión impulsada por la industria del petróleo, el país sudamericano enfrenta un déficit de hasta 80.000 trabajadores cualificados. El secretario de Relaciones Exteriores, Robert Persaud, señaló que Guyana daría prioridad a personas con formación técnica y sin antecedentes penales para integrarlas a su fuerza laboral, bajo la condición de que el gobierno estadounidense cubra la totalidad de los costos de reubicación y adaptación. Este modelo transformaría la crisis migratoria en una oportunidad de desarrollo para el sector privado guyanés.
