La tragedia sanitaria en la Penitenciaría del Litoral ha escalado de forma alarmante esta semana. Entre el lunes 2 y el martes 3 de febrero de 2026, se reportó el hallazgo de 11 cuerpos de personas privadas de la libertad (PPL) en el interior del penal: cinco el primer día y al menos seis más durante la jornada siguiente. Según los informes preliminares de Criminalística, los cadáveres no presentaban signos de violencia, lo que refuerza la tesis de que las muertes están vinculadas a la crisis de tuberculosis y desnutrición crónica que asola el recinto carcelario más poblado de Guayaquil.
Familiares de los internos han denunciado durante meses el “abandono total” en la atención de salud. Informes recientes indican que la Penitenciaría concentra más de 500 casos activos de tuberculosis, una enfermedad que se propaga rápidamente debido al hacinamiento y la precaria alimentación. La gravedad de la situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares, ordenando al Estado ecuatoriano la creación de una mesa interinstitucional para frenar la pérdida de vidas y garantizar condiciones de detención compatibles con los estándares internacionales.
En la primera reunión de esta mesa técnica, celebrada a finales de enero con la participación del CDH de Guayaquil y varios ministerios, se planteó la necesidad urgente de crear un área estéril y segura para el aislamiento de pacientes infectados. No obstante, las cifras siguen siendo devastadoras: en 2025, el sistema carcelario registró cientos de fallecidos por causas naturales, superando incluso las bajas por incidentes violentos. La falta de medicamentos y de tamizajes masivos sigue siendo la principal barrera para contener un brote que ya desborda la capacidad operativa del Ministerio de Salud en la vía a Daule.
