La relación entre Quito y Bogotá ha entrado en una fase de confrontación este miércoles 21 de enero de 2026. Desde el Foro de Davos, el presidente Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa de “seguridad” del 30 por ciento a diversas importaciones provenientes de Colombia, argumentando que Ecuador enfrenta en solitario la violencia del narcotráfico en la frontera común. Noboa denunció a través de la red social X que las fuerzas militares ecuatorianas combaten a grupos criminales en la línea fronteriza de 600 kilómetros sin recibir apoyo efectivo del gobierno vecino.
La respuesta de Gustavo Petro no se hizo esperar. El mandatario colombiano rechazó las acusaciones de falta de apoyo y aseguró que su gobierno actuará bajo el principio de reciprocidad, lo que implica la posible aplicación de aranceles a productos ecuatorianos. Petro defendió la gestión de sus fuerzas armadas, destacando la incautación de más de 200 toneladas de cocaína en la frontera y la entrega de importantes capos de mafias capturados en Colombia y devueltos a Ecuador. Asimismo, recordó el apoyo energético brindado durante las crisis de apagones, señalando que espera que el país vecino “haya agradecido” la solidaridad colombiana en momentos críticos.
Más allá del cruce de acusaciones, Petro invitó a Ecuador y otros países de la región a firmar un tratado para la incautación de insumos de fentanilo. En el ámbito de la justicia, Colombia mantiene la expectativa por la entrega de Oscar Alcántara, alias El Mosco, vinculado al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Mientras el arancel de seguridad está previsto para entrar en vigor a inicios de febrero, los sectores comerciales de ambos países temen que esta escalada afecte el intercambio que, hasta finales de 2025, mostraba una interdependencia vital en áreas como medicinas, alimentos y electricidad.
