El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha formalizado la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio colombiano, como respuesta directa al archivo de la reforma tributaria en el Congreso. A través del Decreto 1390, firmado el 22 de diciembre de 2025 por todo el gabinete ministerial, el Ejecutivo argumenta que el país atraviesa una crisis fiscal “grave e inminente” que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y la garantía de derechos fundamentales. Esta medida excepcional, que tendrá una vigencia inicial de un mes, faculta al mandatario para expedir decretos con fuerza de ley destinados a cerrar la brecha presupuestal de 16,3 billones de pesos necesaria para financiar los compromisos de la Nación durante el año 2026.
La declaratoria enumera ocho causas críticas que precipitaron esta decisión, entre las que destacan el desfinanciamiento del sistema de salud, deudas contractuales vencidas por 5,1 billones de pesos, y sentencias judiciales pendientes. Durante este periodo, el Gobierno planea evaluar ajustes en impuestos como el IVA para determinados bienes, el incremento de tributos al sector financiero y el fortalecimiento de los impuestos saludables. Sin embargo, la medida ya ha generado un fuerte rechazo en sectores de la oposición, quienes consideran que la emergencia es un abuso de poder para evadir el control legislativo. La Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto, mientras el país entra en un escenario de incertidumbre jurídica y económica en plena temporada de fin de año.
