El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió en defensa de la operación militar ordenada esta semana en el departamento selvático de Guaviare, que terminó con la muerte de 20 disidentes de las FARC, incluidos siete menores de edad (cuatro niñas y tres niños), según la confirmación de la Defensoría del Pueblo y Medicina Legal. Petro rechazó las críticas que vinculan el ataque con los bombardeos en Gaza o los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, calificándolas de “infundadas”. A través de su cuenta de X, aseguró que en el lugar del ataque contra las disidencias de alias Iván Mordisco “no había civiles” sino “solo combatientes” armados y en plena ofensiva, insistiendo en que el Ejército “no sabía de la presencia de menores”. El mandatario sostuvo que la operación cumplió con el “principio de distinción” del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La muerte de los menores recrudeció las críticas, especialmente por el expresidente Ernesto Samper (1994-1998), quien argumentó que los bombardeos indiscriminados, sin establecer los posibles daños a la población civil, están prohibidos por el DIH, y trazó una paralela entre los niños muertos en Guaviare, los de Gaza y los tripulantes asesinados por fuego naval estadounidense. Petro reiteró que la posición de los críticos es “equivocada”, ya que conlleva a que los grupos armados del narco recluten a más niños. Aseguró que seguirá tomando decisiones de bombardeo respetuosas del DIH cuando pueda salvar más vidas que las que se arriesgan. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su “profunda preocupación” por las muertes, pero coincidió con el Gobierno en atribuir a los grupos armados la responsabilidad de utilizar a la niñez como “escudo humano”. Una congresista anunció una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien también defendió la operación, afirmando que el estatus de combatiente lo otorga la función dentro de la organización criminal, y no la edad.
