Los abogados de los siete indígenas detenidos en Otavalo, procesados por terrorismo y trasladados a la cárcel de El Rodeo en Portoviejo (Manabí), exigirán la sanción y posible destitución de los funcionarios del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) por incumplir una orden judicial. Un Tribunal Constitucional de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de Manabí aceptó parcialmente, el pasado 6 de octubre, un habeas corpus a favor de los procesados, ordenando su retorno inmediato a la cárcel de Ibarra, a la jurisdicción de su entorno socio-cultural, debido a la vulneración de sus derechos colectivos.
Luis Yépez, parte de la defensa, señaló que el incumplimiento del SNAI constituye un delito de desacato (sancionado con prisión de uno a tres años) y, según la Ley de Garantías Jurisdiccionales, debería acarrear la destitución del cargo del funcionario responsable. Pese a que la decisión judicial exige un traslado inmediato, los siete beneficiados siguen en el CPL de Portoviejo más de una semana después, un hecho confirmado por un informe de la Defensoría del Pueblo que anota la “carencia de una justificación adecuada respecto al incumplimiento”.
Por su parte, el SNAI informó al Tribunal que sí intentó realizar el traslado el 8 de octubre, pero que las Fuerzas Armadas no pudieron concretarlo debido a que el helicóptero definido debió atender emergencias. En comunicaciones posteriores, el SNAI argumentó cierres viales por el paro y riesgos a la integridad de los detenidos. Actualmente, el organismo coordina con los Ministerios del Interior y Defensa para cumplir con la disposición. Estos siete detenidos forman parte de un grupo de trece personas procesadas por terrorismo tras el violento ataque al Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, durante el inicio del paro el 22 de septiembre.
