Durante más de dos décadas, Andrés Mountbatten-Windsor residió en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones situada en la finca del castillo de Windsor, bajo un contrato de arrendamiento firmado en 2003 tras la muerte de la Reina Madre. El acuerdo establecía el pago simbólico de “un grano de pimienta” al año si era requerido, lo que en la práctica significó que no abonó un alquiler real. A cambio, desembolsó un millón de libras por el derecho de uso y asumió al menos 7,5 millones en reformas en 2005. El contrato, gestionado por Crown Estate, le otorgó el derecho a permanecer en la propiedad hasta 2078, siempre que cumpliera las condiciones estipuladas
El documento también contempla compensaciones en caso de rescisión anticipada y exige mantener la residencia en buen estado. La revelación de estos términos generó reacciones políticas que reclaman mayor transparencia sobre propiedades administradas en beneficio público. El debate se intensificó tras los escándalos vinculados a Jeffrey Epstein y la posterior renuncia de Andrés a sus títulos y funciones oficiales. Aunque Carlos III ha intentado que su hermano abandone la mansión, el acuerdo legal dificulta cualquier desalojo inmediato
