El proceso para que la empresa Power China asuma la operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (CCS) ha entrado en su etapa final. Tras el acuerdo alcanzado a mediados de 2025 entre el Gobierno ecuatoriano y la compañía asiática, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Procuraduría General del Estado trabajan actualmente en la solicitud formal para terminar el litigio internacional contra Sinohydro. Este movimiento legal permitirá que el tribunal emita un laudo conciliatorio, entregando oficialmente la gestión de la infraestructura a Power China a cambio de un desembolso de 400 millones de dólares.
El acuerdo financiero, gestionado durante la visita del presidente Daniel Noboa a China en julio de 2025, contempla que los 400 millones de dólares lleguen al país de forma progresiva hasta diciembre de 2026. Según las ministras Inés Manzano (Energía) y Sariha Moya (Finanzas), estos fondos actúan como una compensación por las fallas estructurales de la obra en lugar de una garantía técnica. Parte de este capital será reinvertido en proyectos de energía renovable para diversificar la matriz energética nacional, en un momento donde la central CCS sigue operando sin haber sido recibida oficialmente por el Estado desde su inauguración en 2016.
A pesar de su capacidad instalada de 1500 megavatios, la central enfrenta desafíos críticos. Además de las 7000 fisuras detectadas en los distribuidores de presión, la infraestructura está bajo amenaza constante por la erosión regresiva del río Coca. Power China deberá gestionar estos riesgos geológicos que comprometen las obras de captación, un problema que persiste desde 2020. Con la resolución aprobada por el directorio de Celec a finales de diciembre de 2025, se espera que la transición operativa se concrete en el primer trimestre de este 2026, cerrando un capítulo de controversias legales que le costó al país 2245 millones de dólares.
