La presidenta interina de Venezuela comunicó ante el Tribunal Supremo de Justicia el inicio de un proceso de amnistía general destinado a resolver la crisis política vigente desde 1999. El proyecto de ley, que será remitido a la Asamblea Nacional con carácter de urgencia, excluye delitos relacionados con el tráfico de drogas, la corrupción, el homicidio y las violaciones graves a los derechos humanos. Durante el acto judicial, la mandataria enfatizó la necesidad de reencauzar la convivencia nacional y solicitó que en este nuevo proceso no prevalezcan sentimientos de revancha entre los ciudadanos.
Como parte de esta reestructuración, se dispuso la clausura de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, para transformar sus instalaciones en un complejo social, deportivo y cultural. Según registros de la organización Foro Penal, actualmente permanecen detenidas 711 personas por motivos políticos, mientras que más de 11,000 enfrentan restricciones a su libertad. La propuesta ha sido recibida con cautela por diversas organizaciones civiles, las cuales exigen que las liberaciones se consideren una restitución de derechos fundamentales y no un acto de clemencia gubernamental.
